Honduras, Nicaragua y Guatemala, paraísos del delincuente

Carmen Chamorro   sábado, 17 de abril de 2010

El fracaso en la transición democrática y la crisis del sistema judicial en Centroamérica están permitiendo que la impunidad fomente el asesinato y la resolución violenta del conflicto, un mal que se conoce como limpieza social y que las autoridades gubernamentales de estos países, lo adoptan como instrumento válido a la hora de contratar sicarios, un oficio más, dentro del mercado laboral. La corrupción, que inhibe el avance de políticas públicas para el desarrollo, no es perseguida y las partidas presupuestarias que se invierten en éstas, se esfuman. “Algunos países de la Región, como Guatemala, Nicaragua y México viven a la sombra del juego de poderes reales, que permiten que la impunidad y el crimen organizado transnacional acampe a sus anchas”.

De esta manera iniciaba una entrevista con esta corresponsal para ATENEA DIGITAL, una de las máximas dirigentes de la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), especialista en cuestiones de ámbito jurídico, perteneciente igualmente a la Unidad de Protección a Defensores de DD.HH de Guatemala, Claudia Samayoa.

Bajo su criterio, otros factores que están contribuyendo a la escalada de violencia y al avance del crimen organizado como herencias del conflicto armado son: el Ejército, poderes ocultos como EE.UU., y empresarios con intereses geopolíticos que pretenden invertir en los grandes latifundios para biocombustibles. Samayoa postula por alejar el poder militar y fortalecer el civil, abortado, en su criterio, por la Comisión de la Seguridad Hemisférica de los EE.UU desde el pasado año 2002. “Se han realizado importantes avances en Centroamérica mediante la desmovilización y reducción de efectivos y presupuestos militares, la separación de las funciones policiacas de aquellas propias de la defensa nacional, la eliminación del servicio militar forzoso o, en su caso, la adopción de uno voluntario.”

Por lo visto, actualmente, la presencia militar sirve para llevar a cabo entrenamientos al Cuerpo de Policía con ayuda de los EE.UU. A raíz del conflicto armado interno, los países de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá firman, en 1994, el Tratado Marco de Seguridad Democrático, acuerdo que se sustenta en la supremacía y el fortalecimiento del poder civil, el balance razonable de fuerzas, la seguridad de las personas y de sus bienes, la superación de la pobreza y la promoción del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad, y el tráfico de armas. “Era una posición autónoma que nos había permitido sacar a los militares de muchas actividades, hasta el lanzamiento de la Seguridad Hemisférica”.

Bajo un estricto análisis de la situación contextual sobre la violencia y la impunidad en la Región y tomando como protagonista un seminario en Casamérica, que ha contado con la participación de la Fundación del Consejo General de la Abogacía española, Samayoa declara abiertamente que el impacto del conflicto armado y la ruptura de la garantía de la no repetición siguen nutriendo el fenómeno del asesinato que no solo afecta a Guatemala. Y asimismo, señala que en el caso de Honduras, las Fuerzas Armadas controlan la telefónica y el suministro eléctrico, posiciones de poder, inconcebibles. Tanto es así que se atreve a culpar al Ejército del incremento de delitos sexuales a raíz del golpe de estado. La defensa y control de fronteras deben ser las únicas funciones en aras de debilitar el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, “luchas que se han abandonado para entrenar a la policía, según órdenes americanas”.

A la cuestión planteada en torno al feminicidicio como excusa de la última década para mantener vigente el tema del feminismo, Claudia Samayoa, quien condena la violencia en todas sus formas como hecho lamentable, califica la violencia que sufre las mujeres en Iberoamérica (Guatemala, México, República Dominicana, Cuba y Nicaragua) de “fenómeno real y demostrable”.

Dentro de las iniciativas en la Cumbre UE/ALC para articular esfuerzos y llegar al ideal de prevenir y sancionar, no se trata que la Unión Europea subvencione casas de acogida, se trata de elaborar y poner en marcha propuestas que combatan la impunidad, “los gobiernos de la UE y especialmente España, deben impulsar esta lucha, tiene que buscar mecanismos de depuración, porque existe una policía corrupta, parte del problema”. Samayoa no resta importancia a las reformas fiscales, “tan necesarias en países como Honduras, donde un cambio de correlación de fuerzas, ha dejado el infierno libre, generándose un manto de impunidad y donde la resistencia ha sido acallada por la vía más violenta, con represión y asesinato”.

Teniendo en cuenta que la violencia se ejerce como mecanismo de control y dominación social, no tienes que pertenecer a altas esferas del poder para contratar los servicios de un asesino a sueldo, situación ya normalizada en países latinoamericanos. Samayoa finaliza sus respuestas relatando un chiste, retrato de lo cotidiano: “En la década de los 80, se decía que por 600 quetzales te dejaban viudo, más económico que divorciarte”.

 http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_1965_ESP.asp

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