Por Juan Gaparini. Ginebra / La Nación
La experta, que hace unos días asumió una función considerada clave para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aseveró que su labor estará enfocada a conseguir que los Estados incorporen una serie de principios elaborados por el organismo internacional para proteger a los segmentos sociales más pobres.
Proviene de una familia perseguida por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Abogada de profesión, María Magdalena Sepúlveda se doctoró en derechos humanos en Holanda, perfeccionando su formación con una maestría en Inglaterra.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU la ha nombrado relatora para los problemas de extrema pobreza, que consagra una sólida carrera académica y al servicio de varias organizaciones no gubernamentales (ONG), especialmente en América Latina. Al asumir sus funciones la semana pasada en Ginebra, Suiza, Sepúlveda explicó a La Nación sus intenciones para mejorar la situación de los más pobres, una misión ultrasensible en plena crisis alimentaria mundial, que arrojará 100 millones de nuevos pobres en el mundo.
-¿En qué consiste la responsabilidad que le ha asignado la ONU?
-Soy una experta independiente que va a trabajar gratuitamente para la ONU, al margen de mi labor como investigadora en derechos humanos. Debo analizar los vínculos entre extrema pobreza y derechos humanos, visitar países e informar al Consejo de Derechos Humanos para que se tomen medidas. Voy a poner el énfasis en los más pobres de los pobres. Suele ser cómodo para algunos gobiernos actuar sobre los que están justo por debajo de la línea de la pobreza. Al cabo de un mandato presidencial de 4 ó 6 años, pueden ofrecer cifras, mostrando que ha logrado sacar a esa gente de la franja de pobreza, pero quedan sin resolver la situación de los demás, los que están en el fondo de la marginalidad.
CONCEPTUALIZACIONES
-¿Qué significa ser extremadamente pobre?
-Es una negación absoluta de derechos, su privación extrema. Hay un debate conceptual sobre los extremadamente pobres, cuyos ingresos son escasos, carecen de desarrollo humano y sufren la exclusión social. Cada sociedad define los ingresos medios y los que quedan por debajo son pobres, lo cual varía según las diferentes regiones del mundo. O sea que es un término relativo. Para la Unión Europea, por ejemplo, es extremadamente pobre alguien que no llega a ganar el 60% del salario mínimo. Hay países en vías de desarrollo que definen el umbral de pobreza en el poder adquisitivo de 1 ó 2 dólares diarios. La falta de desarrollo también interviene, es decir cuando no se satisfacen necesidades mínimas, como los alimentos, la educación y la salud. La exclusión social determina el contexto. En su entorno el pobre no puede realizar lo que otros hacen, es decir se haya excluido. En ese aspecto aparecen también discriminaciones estructurales como la pertenencia a una casta, a minorías sociales, étnicas o religiosas.
-¿Qué significa la definición de que los extremadamente pobres expresan la negación de derechos y resultan víctimas de una desigualdad absoluta?
-Los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. ¿A quién le interesa ir a votar si no ha podido alimentarse? Las políticas de reducción de la pobreza, tanto a nivel internacional como nacional, deben cumplir con los principios de transparencia, participación y responsabilidad. Esto implica que las autoridades tienen la obligación de confrontar sus propuestas con los pobres, conocer sus prioridades e invitarlos a evaluar los planes que se van poniendo en marcha. El enfoque de derechos humanos aporta el elemento participativo del pobre en el diseño de programas gubernamentales que suelen preparar antropólogos, economistas y sociólogos. Los gobiernos deben comprometerse a que los grupos afectados por la pobreza puedan hacer valer sus opiniones en las políticas públicas que le son destinadas.
-Los pobres parecen estar apresados en un círculo vicioso. ¿Cómo se rompe?
-Poniendo el énfasis en las mujeres y los niños, que serán mis prioridades. Hay que dar a las mujeres igualdad en el acceso a la propiedad y en la toma de decisiones. Eso mejora la producción a nivel local y nacional. Los niños que viven en la extrema pobreza pueden sufrir secuelas para el resto de sus vidas, en el desarrollo físico y educacional. Hay que terminar con la herencia intergeneracional de los pobres padres que legan la pobreza a sus hijos. Es imprescindible sacar a los niños y a las mujeres de la miseria. Eso va a tener un efecto beneficioso multiplicador.
MEDIDAS
-¿Cuáles son los obstáculos a remontar para conseguir que se tome en consideración el punto de vista de los pobres en la búsqueda de soluciones a sus padecimientos?
-Cuando hay un servicio gratuito, por ejemplo el de asistencia legal que tenemos en Chile, se piensa que el pobre puede esperar. Eso se da también en las urgencias médicas gratuitas. Hay un prejuicio que el pobre tiene tiempo, cuando es absolutamente lo contrario. En la práctica se verifica que los pobres no tienen tiempo, pues deben estar abocados a resolver sus necesidades básicas, con problemas económicos, familiares y de transporte para movilizarse. Si se los consultara sería más fácil encontrar soluciones.
-¿Qué puede hacer la ONU para que se alcancen esas soluciones?
-Desde el año 2006, la ONU ya tiene elaborados una serie de principios rectores para proteger a los pobres, un documento redactado bajo la conducción del profesor chileno, José Bengoa (experto independiente que forma parte de los 18 especialistas del gabinete de asesores del Consejo de Derechos Humano de la ONU). Ese texto reconoce que la extrema pobreza constituye una violación de la dignidad humana. Propone que los Estados y la comunidad internacional garanticen un entorno propicio para socorrer a quienes sufren de la extrema pobreza, en el comercio, las inversiones, el mercado y la deuda. Sin embargo, esos principios no son todavía obligatorios para los Estados, no son vinculantes. Me voy a abocar a consultar con todos los gobiernos para que los adopten en el plano doméstico.
-¿Podrían esos principios generar una convención internacional?
-Sí, pero la adopción de un tratado internacional toma más de diez años. Luego hace falta que los Estados lo ratifiquen y los lleven a la práctica. Es un proceso muy largo y no podemos esperar tanto. Hay que conseguir que individualmente los Estados los apliquen de manera voluntaria y los asuman como propios en la sociedad civil mediante leyes nacionales, mientras abrimos el camino que a futuro pueda ser un tratado internacional. Voy a trabajar para que estos principios sean fortalecidos por vía de consultas con los países y las ONG, haciéndoles el ajuste jurídico necesario, buscando que sean aceptados por consenso. LN
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