El ajedrez colombiano – Álvaro Ramis

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El ajedrez colombiano
Por Álvaro Ramis, Centro Ecuménico Diego de Medellín
Sin mirar todas las piezas, el ajedrez colombiano no se entiende y reyes o alfiles seguirán su combate, mientras los peones ponen la sangre y las lágrimas.
Es innegable que Jaque, el nombre de la operación de rescate de Ingrid Betancourt, fue muy bien escogido. Este suceso pone a las FARC ante una derrota estratégica, política y militar, que si bien no puede asimilarse a un Jaque Mate, es un golpe de tal envergadura que reconfigura el conflicto y abre posibilidades de un acuerdo, siempre y cuando los bandos militares tengan la generosidad de llegar a una paz justa, sustentable y definitiva.
El problema es que las metáforas ajedrecísticas poseen una simplicidad que hace invisibles aspectos centrales de la realidad. Se nos dice que estamos en una partida donde hay sólo dos actores, blancos y negros, y en ese cuadro sólo cabe optar por uno de los dos lados. Este análisis ha sido promovido y desarrollado tanto por el uribismo como por las FARC, colocando a la opinión pública en un dilema binario: “O estás con ellos o estás con nosotros”. Las FARC han demostrado que ésta es su opción desde hace años y el cruel secuestro de Ingrid Betancourt, líder ecologista que siempre abogó por un camino diferente al de los actores armados, fue un ejemplo de tal visión maniquea y unilateral. La derecha colombiana también ha abrazado esta teoría y ha puesto la disyuntiva entre la “seguridad democrática” y el “terrorismo” en el centro de su política. Todo aquel que cuestione al Gobierno se hace sospechoso de tener “vínculos con las FARC” y aparecer mencionado en el misterioso notebook de Raúl Reyes. La “prensa patriótica” se encarga del resto.
Lo que no logra describir esta imagen es la complejidad de un “tablero” en que deberían tener cupo muchas más piezas que las blancas y negras que se nos instalan en este ajedrez. Recordemos que el conflicto interno colombiano ha causado más de 35 mil muertos, 15 mil desaparecidos y más de cuatro millones de desplazados. Para comprender este verdadero genocidio es necesario incorporar más variables: en primer lugar, a los paramilitares que lejos de haberse desmovilizado han sido “reciclados” en nuevas organizaciones armadas, como las temidas “águilas negras”, y en empresas de contratistas de seguridad, que acosan a comunidades campesinas en todo el país.
Es necesario pensar en los sindicatos y organizaciones sociales, que han pagado el mayor costo de la violencia. Las cifras de la Escuela Nacional Sindical indican que entre 1986 y abril de 2008 murieron asesinados 2 mil 669 sindicalistas, un promedio de un crimen cada tres días. La gravedad de esta situación llevó al Congreso de los EEUU a rechazar la firma de un TLC con el Gobierno de Uribe y hace pocos días la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT demandó a Bogotá los recursos necesarios para resolver los casos de violencia contra los dirigentes sindicales y garantizar la libertad de asociación de los trabajadores.
Los campesinos son otro sector clave que no se considera al analizar el conflicto. Según las estadísticas oficiales, la población rural colombiana asciende a 11 millones mil 990 personas (25,7%), lo que representa 22,7% de la fuerza laboral, proporción comparativamente alta ante la de otros países de la región. Si además consideramos que se han identificado cultivos ilícitos en 259 municipios, podemos dimensionar que el control de la tierra cultivable es un factor determinante en el análisis de la violencia. Si bien la Ley de Justicia y Paz promovió la restitución de tierras a los campesinos desplazados, en el marco de proyectos de desmovilización de grupos armados, en la actualidad se critica fuertemente la falta de cumplimiento de esta normativa. Además, la sorpresiva decisión de extraditar a los principales jefes “paramilitares” frenó varios procesos clave para llegar a la verdad de los peores crímenes de guerra cometidos en las últimas dos décadas y ha supuesto un retroceso enorme en esta iniciativa.
Otro actor, pero tras bambalinas, es EEUU, que ha contribuido a militarizar el conflicto mediante su estrategia del Plan Colombia. Y, finalmente, el gran factor latente es el narcotráfico, que ocupa a los grupos armados de escudos protectores según pueda y le convenga.
En este panorama no parece tener espacio la oposición democrática a Álvaro Uribe, que demanda el encarcelamiento de las decenas de parlamentarios uribistas acusados de representar al “paramilitarismo” y exige que se acate la resolución de la Corte Suprema de Justicia que ordenó revisar el proceso electoral de 2006, debido al escándalo de la venta de votos parlamentarios. Sin una mirada a todas las piezas, el ajedrez colombiano no se comprende y los reyes o alfiles seguirán su combate, mientras los peones ponen la sangre y las lágrimas.

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