Presidente Uribe divide al hemisferio

La Nación

Es una paradoja invitar a fuerzas foráneas invocando el principio de la soberanía nacional. Abrir las puertas para la instalación de bases militares extranjeras que se proyectan más allá de las fronteras, como ocurre con las tareas de inteligencia, es un tema de legítima preocupación para los países de la región

La guerra interna que vive Colombia, desde hace décadas, ya no es sólo un asunto doméstico. En forma creciente, la lucha entre el gobierno y los insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se ha proyectado a la región. Con los países vecinos, Venezuela, Ecuador y Brasil, como los principales afectados.

Esta semana, en su gira relámpago por la mayoría de las capitales sudamericanas, el Presidente colombiano, Álvaro Uribe, reivindicó el principio de la soberanía nacional para instalar bases estadounidenses en su territorio. En su opinión, cada país es dueño de firmar acuerdos militares con quien le parezca conveniente. Esta visión no es compartida por dos de sus vecinos: Venezuela y Ecuador. El Presidente venezolano, Hugo Chávez, ha declarado que la decisión de Bogotá equivale a una “cabecera de playa de la estrategia de contención yanqui en la América del Sur y, por supuesto, su base de operaciones. De hecho, estas nuevas bases militares constituyen un peligro real y concreto contra la soberanía y la estabilidad de la región
sudamericana. Son puntas de lanza del nuevo coloniaje”. Por su parte, Rafael Correa, el Presidente ecuatoriano, que el 17 de julio cerró definitivamente la base militar de Manta, desde la que operaban fuerzas estadounidenses, no aprueba que las mismas misiones que vedó en su territorio se desplacen al otro lado de su frontera norte. Correa cree que Washington jugó un papel clave en el ataque contra su país que culminó con la muerte de “Raúl Reyes”, el encargado de las relaciones internacionales de las FARC. En marzo de 2008, aviones y comandos colombianos penetraron a Ecuador para atacar un campamento clandestino de los guerrilleros. En la ocasión, Uribe ignoró la soberanía ecuatoriana y reivindicó el derecho a las acciones bélicas preventivas que había puesto en boga el Presidente George W. Bush. El hecho abrió una aguda polémica, ya que muchos gobiernos temieron un retorno a los tiempos en que primaba la seguridad nacional por sobre toda otra consideración. En aras de la lucha contra los enemigos del Estado fueron ignoradas fronteras y se practicaron asesinatos y secuestros de insurgentes así como de disidentes. Incluso se realizaron atentados en Washington como el que costó la vida al chileno Orlando Letelier.

La inquietud ante la creación de bases norteamericanas en Colombia alcanzó también a Brasil y Chile. Luiz Inácio Lula da Silva y Michelle Bachelet expresaron su desagrado por la anunciada presencia militar estadounidense en tres bases en Colombia. “A mí no me agrada una base militar en Colombia, pero como no me gustaría que Álvaro Uribe opine sobre Brasil, tampoco quiero meterme sobre Colombia”, afirmó Lula en conferencia de prensa en Sao Paulo junto a la Presidenta chilena Michelle Bachelet que, a su turno, dijo estar “completamente de acuerdo” con la declaración de Lula y afirmó que “hay países inquietos sobre esta situación”. El hecho fue llamativo, pues la postura de Santiago ha consistido en guardar silencio frente a temas que afectan a las relaciones con Washington. Así, por ejemplo, Chile, a diferencia de Argentina y Brasil, se abstuvo de manifestar su molestia por la creación de la llamada IV Flota mediante la cual Estados Unidos se propone patrullar los mares regionales.

El debate sobre las proyectadas bases se debe en parte a la total opacidad del gobierno de Uribe para explicar cuál será su función. Según algunas versiones, se garantiza la autonomía estadounidense en “operaciones que trasciendan las fronteras colombianas”. El Pentágono tendrá un acceso exclusivo a esas instalaciones para actuaciones de inteligencia sobre los países vecinos. Por su parte, el general Freddy Padilla de León, que lleva las negociaciones con Estados Unidos por cuenta de Colombia, afirmó que se trata de un acuerdo de diez años y que las cinco instalaciones que incluyen bases navales y aéreas serán empleadas sólo para la lucha antinarcóticos. Según el oficial, las instalaciones militares son colombianas y los estadounidenses podrán tener acceso a ellas en dicha condición.

Las tardías explicaciones no han disipado la desconfianza ante un régimen que ha llevado adelante una guerra sucia de proporciones mayores. La semana pasada fueron condenados quince militares por asesinar a civiles a los cuales hacían pasar por guerrilleros. Por cada insurgente muerto, los uniformados colombianos reciben estímulos monetarios. Tan generalizado es el exterminio de inocentes que en la jerga castrense se los llama los “falsos positivos”. Se estima que más de 1.500 personas han sido asesinadas por agentes del Estado por esta vía.

Las discusiones en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) que sesionará en Quito, la próxima semana, no alterarán la decisión de Bogotá de invitar tropas extranjeras a su país. El gobierno colombiano anticipó que no asistirá al encuentro. En la actualidad, Estados Unidos tiene un techo, por ley, para desplegar en Colombia 800 militares y 600 civiles contratados para funciones castrenses. La tarea de estos ciudadanos estadounidenses es recoger inteligencia, entrenar a fuerzas colombianas y ejecutar tareas logísticas de respaldo a las fuerzas armadas nacionales. Una pregunta que surge es ¿cuál ha sido la eficacia del Plan Colombia que desde 2000 ha transferido más de siete mil millones de dólares para la lucha contra el narcotráfico, las FARC y otras organizaciones irregulares?

Si luego de la formidable inyección de recursos, que ha permitido casi doblar el tamaño de las fuerzas armadas, Uribe, que gobierna desde 2002, aún requiere de la presencia física de tropas norteamericanas es porque todavía no ejerce pleno control sobre el país. Es una paradoja invitar a fuerzas foráneas invocando el principio de la soberanía nacional. Abrir las puertas para la instalación de bases militares extranjeras que se proyectan más allá de las fronteras, como ocurre con las tareas de inteligencia, es un tema de legítima preocupación para los países de la región. También es importante escuchar la voz de Washington en esta materia. Es la inercia de las políticas de Bush aplicadas en forma burocrática por el Pentágono o es una nueva iniciativa de presencia militar. Como ocurre con las personas, la soberanía nacional termina cuando se afecta a la soberanía de terceros. Si otros países se sienten amenazados por la decisión de Uribe, el tema ha dejado de ser un asunto que compete sólo al gobierno colombiano. Las autoridades en Bogotá y Washington deben poner en la balanza los beneficios de las proyectadas bases frente a un clima de suspicacia. Después de todo, Estados Unidos no ha firmado un tratado de libre comercio con Colombia por los abusos a los derechos humanos. Con la llegada a la Casa Blanca del Presidente Barack Obama, la integración hemisférica podría tomar el prometido cauce del poder inteligente (smart) antes que la tradicional proyección del poder duro.

Por Raúl Sohr
Equipo de Prensa & Medios
Amnistía Internacional  – Chile
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