La encrucijada de Colombia

Lanacion.cl

La encrucijada de Colombia

Por Raúl Sohr / La Nación Domingo
El miércoles se cumplieron 60 años del asesinato del popular líder 
izquierdista Jorge Eliécer Gaitán, quien antes de morir auguró cinco 
décadas de violencia para su país. Sus pronósticos, trágicamente, 
quedaron cortos.

El líder izquierdista colombiano Jorge Eliécer Gaitán vaticinó que si 
era asesinado “la violencia durará 50 años”. Poco después de aquella 
trágica predicción hace exactamente 60 años, el 9 de abril de 1948 , 
el hombre que todos daban como el próximo Presidente de su país cayó 
abatido por las balas de un sicario. No en vano había instruido a sus 
seguidores: “Si os traiciono, matadme. Si muero, vengadme”. No fue 
necesario recordarlo. El crimen desencadenó una ola de violencia que 
entró a la historia como el “Bogotazo”. Masas de colombianos 
agraviados salieron a las calles y arrasaron con lo que encontraron a 
su paso. La capital fue incendiada, y el antiguo centro histórico, 
saqueado.

Esta semana, la Cámara de Representes de Estados Unidos resolvió 
postergar la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia.
 
Es un revés de proporciones mayores para el Presidente colombiano, 
Álvaro Uribe, y también para George W. Bush, su par norteamericano. La
 
Cámara, dominada por los demócratas, exige mayor eficacia al Gobierno 
colombiano en la protección de sindicalistas, así como aclarar los 
vínculos entre ciertas autoridades y organizaciones paramilitares. 
Estas últimas son responsables de asesinar a varios líderes sociales. 
El exterminio de dirigentes colombianos continúa a un nivel 
escalofriante. Este año, en lo que va de enero a marzo, fueron 
ultimados 17 trabajadores que desempeñaban cargos de dirigencia 
sindical. Más de uno por semana. En el mismo período de 2007 habían 
sucumbido a manos de sicarios, digitados por empresarios y hacendados,
 
una decena de dirigentes sospechosos de simpatías izquierdistas. 
Ninguno de los crímenes recientes fue perpetrado contra líderes que 
enfrentaban conflictos o negociaciones laborales. Todos eran 
trabajadores anónimos, y su eliminación responde a una campaña de 
terror destinada a amedrentar al conjunto de las organizaciones 
sociales.

MISERIA Y TERROR

Es claro, en todo caso, que el rechazo demócrata obedece en gran 
medida a razones políticas domésticas. Era una oportunidad para 
castigar a Bush, quien argumentó que el tratado tenía alcances para la
 
seguridad nacional de Estados Unidos y, además, se negó a negociar la 
aprobación. Los sindicatos estadounidenses, además, son una importante
 
cantera de votos para los aspirantes presidenciales de la oposición, 
Hillary Clinton y Barack Obama. Ambos, en consecuencia, se 
pronunciaron contra el TLC para estar en sintonía con su base laboral,
 
que ve una amenaza en las importaciones provenientes del Tercer Mundo.

Colombia, un país que no suele ocupar los titulares, ha acaparado la 
atención mundial. El destino de los rehenes en manos de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con Ingrid Betancourt como
 
el caso más emblemático, ha provocado indignación internacional. La 
incursión del Ejército colombiano en territorio de Ecuador para dar 
muerte a una veintena de guerrilleros, incluido Raúl Reyes, el segundo
 
en la jerarquía de los insurgentes, causó una profunda crisis 
diplomática en la región.

Es imposible, como en otros países, juzgar el presente sin remontarse 
a la historia. Los conflictos y odios no surgen como relámpagos desde 
cielos azules. Las tristes predicciones de Gaitán, miembro del Partido
 
Liberal (PL), se apoyaban en hechos. En 1946, el Presidente 
conservador Mariano Ospina Pérez inició la persecución contra los 
liberales y algunos optaron, para salvar sus vidas, por tomar un fusil
 
y marcharse al monte. Allí está el origen del movimiento 
insurreccional colombiano, el más antiguo del hemisferio.

Desde entonces poco han cambiado las ópticas. La reacción a la muerte 
de Gaitán fue interpretada por George Marshall, entonces secretario de
 
Estado norteamericano, como responsabilidad de los comunistas. Los 
acusó de ser los causantes de la anarquía y advirtió que el asunto 
tendría repercusiones internacionales: “Debemos tener en cuenta que 
esto es un asunto mundial, y no solamente colombiano o 
latinoamericano”. El ex Presidente colombiano Eduardo Santos expresó 
una visión distinta: “El 9 de abril nos ha hecho comprender que aquí 
existe una desesperada situación de barbarismo, también un desesperado
 
estado de pobreza”. Las dos lecturas siguen vigentes. Hay quienes 
señalan a la miseria y la inequidad como las principales causas de la 
violencia. Otros reiteran una visión conspirativa: ya no son los 
comunistas, sino los terroristas, los que amenazan la paz y la armonía
 
social.

NACEN LAS FARC

El “Bogotazo” desencadenó un período que los colombianos simplemente 
llaman, sin adjetivos, “la violencia”. En ella le cupo un papel 
protagónico al Presidente conservador Laureano Gómez, un declarado 
admirador del fascismo que asumió en 1949 con un programa de lucha a 
muerte contra el comunismo. Para su Gobierno era comunista incluso el 
ala derecha del PL. Tan feroz fue la persecución, que los opositores 
que deseaban eludir los maltratos de las autoridades debían obtener un
 
pase con el siguiente texto: “El abajo firmante, presidente de la 
autoridad conservadora, certifica que el portador ha jurado no 
pertenecer al Partido Liberal. En consecuencia, debe respetarse su 
vida, familia y bienes”. Bajo el régimen de Gómez, la intolerancia 
llegó al campo religioso con una dura campaña de extirpación de toda 
presencia evangélica en la que se llegó incluso a quemar colegios. 
Entre 1946 y 1953, el período que cubre “la violencia”, perecieron 
unas 200 mil personas. La lucha fratricida comenzó a disiparse luego 
del golpe de Estado del general Gustavo Rojas Pinilla, en 1953, merced
 
a una amnistía que fue aprovechada por muchos combatientes. Algunos 
grupos de campesinos en armas, sin embargo, optaron por concentrarse 
en las llamadas “repúblicas independientes”. Los comunistas, que eran 
minoritarios entre los insurgentes, se hicieron fuertes en la región 
de Marquetalia. Recién en 1966 se conformaron las FARC, bajo la 
dirección de quien hoy sigue siendo su líder, el veterano Manuel 
Marulanda, “Tiro Fijo”.

En 1982, y en respuesta a una apertura política promovida por el 
Gobierno del Presidente Belisario Betancur, las FARC realizaron un 
esfuerzo de reinserción a través de la creación de un brazo político, 
la Unión Patriótica (UP). Pero el intento terminó en un rotundo 
fracaso: los militantes de la UP, que incluía a guerrilleros 
desmovilizados, fueron asesinados en forma masiva. Elementos 
paramilitares y no identificados que a menudo es el eufemismo que se 
utiliza para aludir a militares y agentes del Estado dieron cuenta de 
más de dos mil militantes de la UP.

LAS BASES DE LA GUERRILLA

A espaldas de la lucha política creció, a lo largo de la década de los
 
ochenta, un nuevo protagonista transversal, que gravita tanto entre 
las fuerzas oficialistas como las guerrilleras: el narcotráfico. Los 
primeros exportadores de cocaína utilizaron el clásico método de las 
“mulas”, o viajeros, para ejecutar un tráfico a cuentagotas. La 
demanda, sin embargo, pronto exigió sistemas más confiables y de mayor
 
volumen, y los vuelos directos en aviones propios se convirtieron en 
el medio favorito. Esta modalidad requirió de una infraestructura de 
pistas de aterrizaje seguras donde pudiera embarcarse la droga. Surgió
 
así un negocio cuyas proporciones son difíciles de estimar. Las cifras
 
oscilan entre los 140 millones de dólares anuales, por la parte baja, 
hasta unos 600 millones, según las estimaciones más expansivas.

En la misma década de los ochenta proliferaron grupos paramilitares 
que surgieron como ejércitos privados del narcotráfico para proteger 
sus intereses. Tal fue el caso del movimiento Muerte a los 
Secuestradores (MAS). En Colombia hay una gran concentración en la 
propiedad de las tierras dedicadas al cultivo de plantas para la 
producción de drogas. A diferencia de Perú y Bolivia, donde los 
cocaleros son campesinos pobres, los productores en Colombia son 
latifundistas, conocidos como rancheros. La tensión entre éstos y los 
peones es frecuente, y ello ha constituido una de las bases de apoyo 
de la guerrilla entre los campesinos desposeídos.

EL ORO AMERICANO

Al analizar la documentación de las FARC queda claro, como con el 
resto de las guerrillas centroamericanas, que ante todo son fenómenos 
de autodefensa. Para muchos campesinos y jóvenes pobres urbanos, sus 
opciones de sobrevivir son mayores si llevan un fusil al hombro. Como 
empleados de haciendas o fábricas, basta a veces que ocurra un 
incidente menor para quedar bajo la mira de los sicarios, o “los de la
 
moto”, como los suelen llamar en Colombia. Las propuestas, en cambio, 
son escasas, como queda a la vista en el libro programático “FARC: el 
país que proponemos construir”. Toda la atención está volcada a la 
situación en el agro. Allí se lee: “En Colombia, el 1,5% de los 
propietarios posee el 80% de la tierra productiva”, y cita enseguida 
al Banco Mundial: “El 80% de la población rural colombiana vive bajo 
la línea de pobreza, y un 33% sobrevive en condiciones de indigencia”.
 
Ante esto, las FARC proponen: “A la política agraria de mentiras de la
 
oligarquía oponemos una política agraria revolucionaria que cambie de 
raíz la estructura social del campo colombiano, entregando en forma 
completamente gratuita la tierra a los campesinos que la trabajan”.

Brillan por su ausencia las propuestas para las ciudades, donde habita
 
el 77% de los 42 millones de los habitantes del país.

En 1928, y luego una masacre en una empresa bananera, Gaitán afirmó 
que estos hechos ocurrían “porque el Gobierno colombiano tiene la 
metralla homicida para el pueblo y la rodilla puesta en tierra ante el
 
oro americano”. Hoy, la economía colombiana sufre, en parte, porque la
 
metralla diezma a trabajadores que ejercen un derecho democrático. La 
permisividad gubernamental, y cabe preguntarse si sólo es eso, se ha 
convertido en un obstáculo para obtener el oro americano. Pues de eso 
se trata, en última instancia, un TLC. Las autoridades de Bogotá y sus
 
aliados obtendrían mejores resultados repartiendo los beneficios del 
progreso en las zonas rurales. Han pasado 60 años de violencia y la 
fuerza no ha resuelto los problemas que la ocasionan. A las 
autoridades les corresponde tomar la iniciativa. LND

Impactos: 0

Deja una respuesta