Estados Unidos: Tortura en nombre de la “civilización”

No se equivoquen: todo régimen que tortura lo hace en nombre de la salvación, de una meta superior o de la promesa del paraíso. Llámese comunismo, libre mercado, mundo libre, interés nacional, fascismo, líder supremo, civilización, servicio de Dios, necesidad de información […]

Ariel Dorfman, mayo de 2004

El 2 de diciembre de 2002, Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos, afirmó: “Desde los atentados del 11 de septiembre, nuestro país libra una clase de guerra sin precedentes […] Como ha dicho el presidente, se trata de una guerra para salvar al mundo civilizado”. Ese mismo día, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, firmó un memorando por el que se autorizaba a las autoridades de Guantánamo a utilizar técnicas de interrogatorio que incluían posturas en tensión, aislamiento, privación sensorial, uso de capuchas, despojo de la ropa y explotación de las fobias particulares de los detenidos, como el miedo a los cánidos.

 

Cuando le preguntaron, en una entrevista realizada el 14 de febrero de 2008 , si, después de todas las revelaciones acerca de las detenciones estadounidenses en la “guerra contra el terror”, se podía decir que Estados Unidos “ostenta la máxima autoridad moral”, el presidente, George W. Bush, contestó que sí. “Absolutamente –dijo–, creemos en los derechos humanos y en la dignidad humana”. Diez días antes, el general Michael Hayden, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), había confirmado que entre las técnicas de interrogatorio “potenciadas” por la CIA como parte de su programa de detenciones secretas estaba el simulacro de ahogamiento (waterboarding), una forma de tortura. Después, el 8 de marzo de 2008 , el presidente Bush vetó legislación destinada a impedir que la CIA volviera a aplicar esta y otras técnicas “potenciadas”. En un discurso radiofónico, afirmó: “necesitamos asegurar que nuestros oficiales de inteligencia tengan todas las herramientas que necesiten para detener a los terroristas”.

 

En declaraciones emitidas la víspera del veto presidencial, el vicepresidente Cheney manifestó lo siguiente: “Hemos interrogado a detenidos de alto valor y obtenido información que ha salvado vidas estadounidenses […] La guerra contra el terror es la lucha por el futuro de la civilización […] nuestros propósitos son correctos y justos. Defendemos los ideales supremos de la libertad y la igualdad, la dignidad de la persona y el gobierno representativo”.

 

Hace medio siglo, Jean-Paul Sartre escribió que la tortura “es una viruela que devasta toda nuestra época […] Rechazada –a veces muy discretamente– pero practicada de forma sistemática tras una fachada de legalidad democrática, ahora la tortura ha adquirido la condición de institución semiclandestina […] Nos corresponde limpiar a fondo nuestro patio trasero y tratar de comprender lo que nos ha ocurrido a nosotros, los franceses”. Estas palabras de Sartre aparecían en su prólogo a un libro de Henri Alleg, director de un periódico argelino, en el cual el autor relataba la tortura que había sufrido a manos de soldados paracaidistas franceses durante su detención secreta en Argel a mediados de 1957. Entre otras brutalidades, Henri Alleg fue sometido a esa forma de tortura con agua que en Estados Unidos se ha dado en llamar waterboarding:

 

Cuando todo estuvo listo, [el interrogador] me dijo: “‘Cuando quieras hablar, sólo tienes que mover los dedos”. Y abrió el grifo. El trapo se empapó enseguida y el agua empezó a invadirlo todo: la boca, la nariz, toda la cara. Durante un tiempo todavía pude respirar a trompicones. Intenté tragar lo menos posible contrayendo los músculos de la garganta y retuve el aire en los pulmones todo lo que pude para no asfixiarme. Pero no aguanté mucho rato. Tuve la impresión de que me ahogaba y se apoderó de mí una espantosa sensación, la agonía de la propia muerte. Sin yo pretenderlo, todos los músculos de mi cuerpo lucharon inútilmente por salvarme de la asfixia, y los dedos de mis dos manos empezaron a agitarse de modo incontrolable. “¡Ya está! Va a hablar” dijo una voz.[i]

 

Unos 45 días después, Abu Zubaydah, Khalid Sheikh Mohammed y Abd al-Rahim al-Nashiri fueron sometidos a simulacros de ahogamiento bajo la custodia secreta de la CIA para conseguir que “hablaran”. En un memorando político sobre detenciones publicado no mucho antes de que estos hombres fueran torturados, el presidente Bush afirmaba que Estados Unidos trataría “humanamente” a los detenidos, “incluso cuando legalmente no tengan derecho a recibir ese trato”. Naturalmente, no existen tales detenidos. El derecho a no sufrir tortura u otras penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes asiste legalmente a todas las personas. Toda autoridad del gobierno, todo soldado, todo responsable de un interrogatorio, todo agente de inteligencia y todo contratista, dondequiera que se encuentre, están sujetos a esta prohibición jurídica. No existen circunstancias excepcionales que puedan esgrimirse como justificación de la tortura, ni siquiera el estado de guerra, la amenaza de guerra o situaciones de emergencia pública de toda índole. Y lo mismo se aplica a la desaparición forzada. Una y otra constituyen delitos en virtud del derecho internacional. Y Estados Unidos ha recurrido a ambas en su “guerra contra el terror”.

 

El gobierno estadounidense se inclina ahora por la posibilidad de ejecutar a esas personas a las que ha infligido violaciones sistemáticas de derechos humanos después de someterlas a *[show trials] juicios mediáticos. Seis detenidos –todos ellos víctimas de desaparición forzada o tortura, o ambas cosas– se enfrentan a un juicio colectivo ante una comisión militar en el que el gobierno tiene intención de solicitar la pena de muerte. El presidente Bush, confirmando la existencia del programa de detenciones secretas de la CIA en septiembre de 2006 y haciendo un llamamiento al Congreso para que le autorizara a constituir las comisiones militares, había dicho lo siguiente: “Estamos inmersos en una batalla global, y el resultado incumbe a todo el mundo civilizado”. 

 

Al vetar el proyecto de ley relativo a la autorización de los servicios de inteligencia el 10 de marzo de 2008 , el presidente manifestó que seguía comprometido con el programa de detenciones de la CIA, “que se ajusta a nuestras obligaciones jurídicas y a nuestros valores fundamentales como pueblo”. Esta alusión al ‘pueblo’ trae a la memoria el llamamiento de Henri Alleg al final del relato sobre su tortura: “Todo esto, tenía que contárselo a los franceses que me lean. Quiero que sepan que los argelinos no confunden a sus torturadores con el gran pueblo de Francia, del que han aprendido tanto y cuya amistad les es tan preciada. Pero deben saber lo que se ha hecho en su nombre”. Henri Alleg, que en la actualidad tiene 86 años, afirmó en una entrevista en 2007 que nadie que hubiera sufrido un simulacro de ahogamiento podía decir que no fuera tortura, y añadió que “todas las torturas son ilegales, y hoy son inaceptables en un país civilizado”.

 

Es posible que el gobierno estadounidense esté aplicando ahora la máxima de que repitiendo mucho una cosa la gente acaba por creerla. Negando las veces que haga falta que el waterboarding y otras técnicas de interrogatorio “potenciadas” constituyen tortura, calificándolas reiteradamente de “legítimas” y repitiendo a la menor ocasión que su utilización “ha salvado vidas inocentes”, tal vez el gobierno logre convencer a la población de que está haciendo lo correcto en términos de moralidad y legalidad. Si lo consigue, quizá entre los persuadidos estén los jueces militares asignados para supervisar los juicios celebrados ante comisiones militares en Guantánamo, en cuyo caso hasta las declaraciones obtenidas mediante simulacros de ahogamiento se considerarán admisibles en un sistema creado como parte de un programa de detenciones que ha sido concebido para evitar la inspección judicial independiente de la actuación del gobierno.

 

En su entrevista del 14 de febrero de 2008 , el presidente Bush apuntó que “la historia juzgará las decisiones adoptadas en este periodo como necesarias”. Amnistía Internacional cree que la historia no verá con buenos ojos las desapariciones forzadas, la tortura o los juicios sin garantías. Ni a quienes los autorizaron.

 

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