Pacto social por los niños de Chile

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Pacto social por los niños de Chile

Insistiremos por distintas vías sobre lo importante que puede ser unir
a distintos actores detrás de un objetivo común, porque los menores de
edad no tienen la capacidad movilizadora de las organizaciones
sociales.

La transgresión de los derechos de niños y niñas que hemos visto en 
los últimos días obliga a hacer un llamado de atención sobre el tema. 
El grave maltrato sufrido por el pequeño Tomás en manos de su padre, y
el dantesco hallazgo de los hermanos Rojo Hernández en Puente Alto, 
que costó la vida a uno de ellos, son situaciones que nos deben 
sensibilizar no sólo por el drama que subyace a cada una de esas 
historias, sino porque se trata de atropellos a seres sin capacidad de
defensa. Si a esto sumamos otros ejemplos como la vulneración que 
sufren aquellos escolares víctimas del llamado bullyng o la situación 
de menores reconocidos por personas desconocidas, sin vínculo alguno 
con el menor y la madre, entonces cabe preguntarse qué falta aún por 
hacer para garantizar que los niños y las niñas chilenas crezcan en un
ambiente familiar, escolar y social amable y respetuoso de sus
derechos.

Si bien el Estado tiene una misión fundamental en esta materia, es rol
de todos los ciudadanos y ciudadanas en tanto parte del Estado 
chileno, tener una sola visión sobre los derechos de los niños, no 
sólo como una forma de confirmar lo ratificado por Chile en la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño, sino porque sus 
derechos implican una tarea permanente en el tiempo, que comprometen a
la sociedad en su conjunto. Es decir, no es una tarea que compete sólo
al Gobierno, o sólo a las entidades abocadas al trabajo con niños o 
sólo a las comunidades educativas, o sólo a quienes tienen hijos. Al 
contrario, es responsabilidad de todos.

Ahora bien, en diversos ámbitos del quehacer nacional y cuando se ha 
tomado plena conciencia entre todos los actores de una situación 
determinada que aflige al país, se han suscrito grandes acuerdos, 
transversales por cierto, para hacer frente a situaciones de gran 
impacto social. Así, ha habido acuerdos sobre desempleo y equidad, 
entre otros. Desde nuestra Comisión, conscientes de la necesidad de 
sumar voluntades, planteamos abiertamente un llamado para unir a los 
distintos credos religiosos, las grandes empresas y también a las 
pymes, los partidos políticos, las organizaciones sociales, las juntas
vecinales, las comunidades educativas a suscribir un gran pacto social
por los niños y niñas de Chile, que se traduzca en poner a disposición
de nuestros menores de edad todas las herramientas que los firmantes 
de este acuerdo puedan aportar para protegerlos de situaciones de 
vulneración. Es decir, que eso signifique contar con mayor cantidad y 
más variados canales de denuncia, hacer un estudio profundo de toda la
legislación relacionada con menores y hacer los cambios necesarios, 
mantener campañas permanentes de protección hacia los niños; en 
definitiva, aunar criterios y sumar esfuerzos por hacer frente a 
situaciones que se repiten a diario y que empiezan a instalarse como 
flagelo en nuestra sociedad.

Insistiremos por distintas vías sobre lo importante que puede ser unir
a variados actores detrás de un objetivo común, porque los menores de 
edad no tienen la capacidad movilizadora de las organizaciones 
sociales, la potestad de legislar de los parlamentarios, los recursos 
económicos y alcance de las grandes empresas, entre otras muchas 
capacidades. Estamos ciertos de que se trata de un deber consciente de
la sociedad chilena de hoy para quienes serán Chile mañana.

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