Los claroscuros de la seguridad ciudadana

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Los claroscuros de la seguridad ciudadana

Es necesario valorar el traspaso de las policías al Ministerio del 
Interior, en donde siempre debieron permanecer. Esto permitirá imponer
 
un mayor control del actuar policial.

Carabineros e Investigaciones pasarán del Ministerio de Defensa al de 
Interior; una subsecretaría de Prevención del Delito y Apoyo a las 
Víctimas y otros proyectos de ley son parte del acuerdo sobre 
seguridad pública firmado por el Gobierno y la Alianza. Un acuerdo que
 
en los últimos años y meses fue bandera de lucha de las autoridades y 
la derecha. Una prioridad nacional que hizo que la delincuencia y la 
drogadicción pasaran a ser noticia de primera página y que finalmente 
fuesen el punto de encuentro entre sectores históricamente opuestos.

El énfasis en este tema ha logrado instalar en el inconsciente 
colectivo la idea de que es necesario que prime el todo está permitido
 
en quienes actúan directamente contra la delincuencia. Las policías, 
poco a poco y con el correr de los años, han aumentado sus facultades 
para combatir el delito, inclusive pasando a llevar la ley y los 
derechos fundamentales. La presión de la derecha a los gobiernos de la
 
Concertación sobre el tema, unido a una campaña comunicacional de sus 
propios medios, los estudios y encuestas sobre el temor de la 
población, han llevado a los mandatos concertacionistas a ceder y ser 
permisivos para conseguir armas y desbaratar redes de 
narcotraficantes. Pareciera ser que el tema reporta votos y beneficios
 
electorales, por lo que sumarse a la campaña es una tentación rentable.

Pero se olvida que en esta política implica vivir bajo la filosofía de
 
que el fin justifica los medios, con una grave vulneración de los 
derechos de gente inocente. Los allanamientos a los que nos estamos 
acostumbrando en poblaciones santiaguinas para combatir la 
delincuencia -no siempre ajustados a la ley- son parte de ese 
atropello a la seguridad, la tranquilidad y la integridad física y 
síquica de familias completas. Un abuso amparado y justificado por 
quienes han asumido la tarea de conseguir a cualquier costo la 
denominada seguridad ciudadana.

En estos operativos que hoy se realizan preferentemente en las 
madrugadas se actúa no siempre con orden previa, con mucha prepotencia
 
de parte de los funcionarios, reventando puertas, ventanas o cualquier
 
escollo que se les oponga. Constituyen un atentado grave contra los 
derechos fundamentales de muchos ciudadanos inocentes a quienes 
generalmente no se les encuentran ni drogas ni armas. Otras veces 
portan órdenes de la nueva justicia pero no las exhiben ni las intiman
 
según dispone la Constitución. Se realizan sin ningún control de las 
autoridades que expidieron esas órdenes.

Es necesario detenerse y observar la forma cómo se está cumpliendo la 
labor de lucha contra la delincuencia. Existen aspectos no 
visibilizados en la manera en que se ha asumido. Ello obliga a 
reflexionar si una política de combate a la delincuencia se ajusta a 
los estándares de respeto de los derechos fundamentales. La memoria 
histórica es pródiga en ese tipo de análisis, porque en el pasado 
reciente se desarrolló e implementó un plan de combate a la subversión
 
que erigió como paradigma “el todo vale”, el que hoy, pareciera 
emularse en la lucha contra la delincuencia. No todo puede estar 
permitido. Es parte del control social al que todos estamos llamados a
 
asumir. El supuesto aumento del delito ha llevado a nuestras 
autoridades y a la clase política a enceguecerse con el tema, 
permitiendo ir más allá de los límites racionales y aceptables.

No se trata de echar por tierra el trabajo policial, tampoco de 
inhibirlo ni menos desprestigiarlo, sino poner sobre la mesa un tema 
no visibilizado y que en definitiva se convierte en nuevas formas de 
violaciones de los derechos humanos, radicados en los operativos 
policiales. En el acuerdo es necesario valorar sobremanera el traspaso
 
de las policías al Ministerio del Interior, en donde siempre debieron 
permanecer. Esto permitirá imponer un mayor control del actuar 
policial por parte del ministerio encargado de la implementación de 
las políticas de seguridad ciudadana.

Fue bajo la dictadura de Pinochet donde éstas pasaron a Defensa, 
cambiando su esencia de servicio público a entidades militarizadas, 
decisión que hizo un grave daño a las propias instituciones de orden 
público y a la sociedad chilena. Este cambio, más la nueva justicia 
imperante, que se inspira en un espíritu garantista y defensor de los 
derechos humanos, debieran influir sustancialmente en la disminución 
de los abusos en que incurren nuestras policías en plena democracia.

Daniela Caucoto T., periodista, encargada de Comunicaciones del Fasic


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