La aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en 2005

La Nacion.cl

Desafíos de una ley

La aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en 2005 y
 
su entrada en vigencia el 8 de junio pasado, han sido motivo de 
nuestra preocupación por al menos dos razones.

En los próximos días se cumplirán seis meses desde que entró en 
vigencia la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, un hito que hace
 
oportuno realizar una evaluación sobre la aplicación de esta 
iniciativa y los desafíos y las oportunidades que implica para los 
diferentes actores involucrados en el tema. Desde 1990, fecha en la 
que el Congreso Nacional ratificó la Convención sobre los Derechos del
 
Niño, la Unicef promovió la necesidad de una reforma legislativa que 
adecuara la legislación nacional a las exigencias del texto global.

Entonces sostuvimos que la enmienda legislativa debía ir acompañada de
 
reformas institucionales y de una política pública que permitieran 
hacer realidad, en lo cotidiano, aquello que las leyes consagran. 
Conviene recordar que, en América Latina, muchas veces es más fácil 
aprobar una ley que ponerla en funcionamiento, razón por la que 
promovimos la adopción de medidas destinadas a aplicar los derechos y 
las garantías consagrados en la Convención, muy en especial aquellos 
que buscan reintegrar a los jóvenes infractores a la sociedad y que 
privilegian la libertad por sobre la cárcel.

La aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en 2005 y
 
su entrada en vigencia el 8 de junio pasado, han sido motivo de 
nuestra preocupación por al menos dos razones. En primer lugar, porque
 
estimamos que en el texto y en sus modificaciones posteriores no se ha
 
establecido la privación de libertad como medida de último recurso, 
tal como lo señala la Convención.

En segundo término, porque desde el principio fue posible advertir que
 
la implementación de esta ley enfrentaría serias dificultades no sólo 
en materia de los centros de privación de libertad, sino de medidas 
alternativas a ésta. En lo relativo a los centros, en nuestra opinión 
no sólo han existido problemas de infraestructura -como se ha 
enfatizado de manera suficiente- sino en cuanto a los programas de 
educación y capacitación, ampliamente garantizados en la normativa 
legal, los que no obstante recién se han comenzado a concretar.

Es evidente que esta nueva ley constituye un avance desde la 
perspectiva del debido proceso y la responsabilización social de los 
jóvenes. También es palpable el esfuerzo que tribunales, fiscales y 
jueces por una parte, y del Ministerio de Justicia y del Sename, por 
la otra, han puesto en la implementación de este nuevo sistema y en la
 
correcta aplicación de la ley.

Sin embargo, nos parece que en estos pocos meses de su aplicación ha 
quedado de manifiesto de un modo dramático uno de sus principales 
defectos: la privación de libertad no favorece la rehabilitación; por 
ello resulta necesario privilegiar los sistemas abiertos si es que 
queremos emprender con éxito esta tarea. De lo contrario, la 
infraestructura para la privación de libertad siempre se encontrará 
saturada y sobrepoblada. La sola construcción de nuevos centros así 
como la incorporación de Gendarmería a los centros de menores tampoco 
parecen ser las soluciones para un problema tan complejo.

Estos son los temas que es necesario discutir en concreto, con las 
cifras en una mano, con el propósito de rectificar los defectos del 
sistema. Las vidas de los miles de jóvenes que tendrán contacto con 
las medidas de la ley nos exigen urgentemente un debate serio sobre la materia.

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