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Gobierno e Iglesia colombianos buscan canje humanitario
Luego de reunirse con las dos mujeres liberadas por la guerrilla, el
Presidente colombiano Álvaro Uribe señaló que está dispuesto a crear
una comisión humanitaria para cuidar la salud de los rehenes, mientras
la Iglesia admite contactos con los rebeldes.
Ha pasado una semana desde la liberación de Clara Rojas y Consuelo
González, y mientras la sociedad colombiana se alegra por el emotivo
reencuentro con sus familias -en especial de Rojas con su hijo
Emmanuel, nacido en cautiverio-, el Gobierno de Álvaro Uribe busca
caminos para negociar un acuerdo humanitario mayor.
En una conferencia de prensa, el Mandatario colombiano señaló ayer
estar dispuesto a crear una comisión que visite a los secuestrados,
tras conocerse la deteriorada condición de los cautivos mediante las
evidencias que la parlamentaria González trajo desde la selva. “Estas
nuevas pruebas, que más de supervivencia son pruebas de tortura, nos
ha llevado a considerar la posibilidad de buscar una comisión
humanitaria que entre a cumplir esa tarea (examinar estado de salud de
los rehenes)”, afirmó Uribe, quien se reunió con las dos liberadas la
noche del martes.
Las cartas y fotografías entregadas por González muestran que los
militares y policías cautivos son encadenados al cuello, y que todos
ellos han pasado por estados críticos de salud. Las FARC mantienen
secuestrados a un grupo de 44 personas que considera “canjeables” por
unos 500 guerrilleros presos. Entre estas personas se encuentra la ex
candidata presidencial franco-colombiana Ingrid Betancourt.
Los esfuerzos del Gobierno colombiano se encaminan a lograr un canje
humanitario mediante la desmilitarización de un corredor de 150
kilómetros cuadrados en una zona despoblada, durante treinta días y
con observadores internacionales. Para ello ha instado a la Iglesia
Católica a llevar a cabo las negociaciones, luego de la suspensión de
la mediación del Presidente venezolano Hugo Chávez en noviembre, ya
que el Ejecutivo colombiano no desea que retome su rol negociador.
El clero colombiano explicó ayer que se ha puesto en contacto con la
guerrilla. “Lo estamos llevando adelante con una discreción que es
fundamental en estos casos”, precisó el presidente de la Conferencia
Episcopal, Luis Augusto Castro.
Sin embargo, dicha mediación fracasó en diciembre, cuando las FARC
tildaron de “improvisada” la propuesta del Gobierno. La guerrilla
prefiere que Chávez medie en el conflicto, quien ha declarado incluso
que se borre de la lista de grupos terroristas a las FARC. Chávez dijo
ayer que insistirá en promover un proceso de paz entre el Gobierno
colombiano y las FARC “aunque protesten y protesten” desde Bogotá.
Los guerrilleros exigen el “despeje” por 45 días de dos municipios en
el suroeste del país, donde viven unas 120 mil personas, lo cual ha
sido enérgicamente rechazado por la administración de Álvaro Uribe,
sobre la base de la fracasada experiencia de su antecesor, Andrés
Pastrana, considerando que el grupo subversivo usará la zona para el
narcotráfico, el rearme y el ocultamiento de rehenes.
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