Diputados piden cambios a Ley Laboral

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Diputados piden cambios a Ley Laboral

Entre otros aspectos, insisten en una nueva definición de empresa y 
proponen garantizar el sueldo mínimo por el solo hecho de trabajar las
 
8 horas y aumentar las multas en relación al número de trabajadores 
afectados por las infracciones.

Tras analizar durante casi siete meses el escenario laboral de los 
supermercados, en 170 páginas de informe, los integrantes de una 
comisión investigadora de la Cámara de Diputados concluyeron que no 
era posible mejorar las condiciones sin cambios a legislación 
actualmente vigente. Y no proponen cualquier modificación. En su gran 
mayoría se trata de cambios estructurales, tales como insistir en la 
nueva definición de empresa para efectos laborales, garantizar el 
sueldo mínimo por el solo hecho de trabajar las 8 horas que le 
corresponde al trabajador o aumentar las multas en relación al número 
de trabajadores afectados por las infracciones.

“Tal y como están las cosas, las grandes cadenas de supermercados, 
dada su alta rentabilidad, prefieren pagar las multas que cumplir con 
los derechos de los trabajadores”, señala el diputado Patricio 
Vallespín (DC), designado como informante en la sala de los resultados
 
del estudio. Refrenda su opinión en la información proporcionada a la 
instancia por la Dirección del Trabajo. “Si bien es un sector 
profusamente fiscalizado y sancionado, las multas no tienen el efecto 
disuasivo que tienen en otros sectores, fundamentalmente porque la 
proporción o relación entre la multa y el tamaño empresarial es 
irrisoria”, dijo la máxima autoridad del ente fiscalizador, Patricia 
Silva, durante su intervención.

Las multas están establecidas en el Artículo 477 del Código del 
Trabajo, que establece un rango de 1 a 60 Unidades Tributarias 
Mensuales, cuyos rangos varían en función del tipo de empresa. Por 
ejemplo, a una pequeña empresa de 5 trabajadores le podría aplicar el 
tope máximo de 20 UTM, y a una grande, supongamos una empresa de 30 
mil trabajadores, le podría aplicar el tope máximo de 60 UTM. Es 
decir, en una empresa de 30 mil trabajadores versus una empresa de 5 
trabajadores se puede aumentar la multa sólo tres veces, no obstante 
que su capital es 500 veces mayor. A modo de ejemplo, Silva entregó un
 
dato revelador: entre 2003 y 2006, al supermercado Líder se le 
aplicaron casi 150 millones de pesos en multas, y al supermercado 
Unimarc, alrededor de 138 millones; pero las infracciones se siguieron
 
cometiendo.

Multas

De ahí la propuesta parlamentaria de aumentar el monto de las multas, 
agregando un recargo fijo por cada trabajador. “Incluso consideramos 
una propuesta bastante innovadora: que cuando la acción de una empresa
 
sea claramente una práctica sindical, exista una multa a favor del 
sindicato afectado, para evitar que a futuro esa empresa siga abusando
 
de los derechos de esa organización”, añade Vallespín.

Otra de las particularidades detectadas en el estudio es la existencia
 
de múltiples razones sociales por supermercado. “Al existir múltiples 
razones sociales, se crean las condiciones para que se apliquen 
prácticas antisindicales, para que se complique la organización de los
 
trabajadores. Entonces estamos diciendo que en el artículo pertinente 
se saque individualidades determinadas de una empresa para terminar, 
en los hechos, con la posibilidad de que en un supermercado tengas a 
trabajadores que dependen de 6 ó 7 empresas distintas desde el punto 
de vista legal”, dice Vallespín. En opinión de la mayoría de los 
integrantes de la comisión, esto pasa por modificar el concepto de 
empresa en la legislación laboral, recogiendo esa realidad.

“Por ejemplo, la cadena de supermercados Unimarc tiene alrededor de 
119 razones sociales, mientras que en D&S cada uno de sus 
establecimientos tiene una razón social propia. En Cenconsud, 
dependiendo de la fuente informática, encontramos 150 razones sociales
 
vinculadas a esa empresa”, sostuvo. A su juicio, esto dificulta 
enormemente la labor fiscalizadora.

Prácticas antisindicales

“En ese sector las prácticas antisindicales son importantes, pues se 
genera hostigamiento y persecución en contra de los dirigentes 
sindicales y de los trabajadores, para impedir su sindicalización”, 
seña el informe.

La representante de la Dirección del Trabajo, Patricia Silva, entregó 
a los parlamentarios los resultados de un “seguimiento” realizado a 
algunas cadenas. En el caso de Unimarc, de toda la cadena, solamente 
tres establecimientos tienen sindicatos. El total de trabajadores 
afiliados es de 169, con un promedio de 56 socios por sindicato -es 
decir, es absolutamente marginal-, y esta información, traducida en 
datos de negociación colectiva, se expresa en que sólo 129 
trabajadores tuvieron acceso a algún tipo de negociación colectiva, 
contó Silva. Cencosud, por su parte, presenta 20 sindicatos a nivel de
 
empresa, que agrupan a 12.302 afiliados, que tienen un promedio de 615
 
trabajadores. Cencosud tiene cerca de 37 mil trabajadores. Por lo 
tanto, la tasa de sindicalización en Cencosud, en particular, es de 
aproximadamente 33%. El caso más emblemático en estas materias es el 
de D&S. “En el caso de D&S existe un historial bastante duro respecto 
de la organización sindical. Durante mucho tiempo fue una empresa 
impermeable a la posibilidad de organización de los trabajadores, 
aunque en los últimos años se han logrado constituir algunos 
sindicatos, todos muy chicos -estamos hablando de 17 sindicatos-, que 
logran juntar a 1.555 trabajadores y que generan un promedio de 91 
afiliados por sindicato”, contó Silva. D&S tiene cerca de 40 mil 
trabajadores, solamente un 4% de ellos están afiliados a algún 
sindicato y la cobertura de negociación colectiva proyectada apenas 
llega al 3%.

Despachado

“Después de escuchar a los distintos actores, los escuchamos a todos, 
representantes de casi todos los supermercados importantes, 
asociaciones y supermercados, teníamos dos posibilidades: un informe 
que diera cuenta de la situación y dijera que hay que estudiar los 
temas sin entrar a proponer medidas estructurales, que era lo que 
quería la Alianza; o considerábamos que dado los antecedentes existían
 
claras señales que había que hacer modificaciones legales en el Código
 
del Trabajo para poder resolver los temas que recurrentemente 
plantearon los trabajadores”, explica Vallespín.

El informe ya está despachado y aprobado por la comisión, con los 
votos de la Concertación. Las conclusiones no fueron apoyadas por la 
Alianza, que presentaron un informe alternativo. Actualmente se 
encuentra a disposición de la mesa para que lo ponga en tabla de 
sesiones y se apruebe o se rechace en la sala en los próximos días. 
“La gran mayoría de las modificaciones propuestas son de iniciativa 
exclusiva del Ejecutivo, por eso, si es aprobado, el Gobierno las 
puede tomar y presentar los proyectos de ley o no. Nosotros trataremos
de hacer las gestiones para que se tomen”, concluye el diputado. LN

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