¿En qué está la agenda pro transparencia?

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CORRUPCIÓN / Balance al desempeño del Gobierno en busca de la probidad:

¿En qué está la agenda pro transparencia?

Lunes 8 de octubre de 2007

El escándalo Chiledeportes originó un conjunto de propuestas
anticorrupción llamadas “agenda pro transparencia”. Hoy, ya sin ruido, aparentemente dicha batería pareciera dormir en el Congreso, mientras los expertos critican que – pese a su importancia- su tramitación ha sido muy lenta.

BRUNO EBNER

El arsenal de propuestas anticorrupción, impulsado por la Presidenta Bachelet luego del caso Chiledeportes -conocido como la “agenda pro transparencia”-, si bien fue lanzado con estridencia, hoy en la percepción ciudadana pareciera estar dormido.

Y es que diversos actores políticos y sociales concuerdan en que luego de todo el ruido que el combate a la corruptela demandaba, con el tiempo se fue diluyendo hasta el letargo.

Lo que hay

Hoy, de todas las propuestas de la agenda pro transparencia sólo hay una que ya es ley, y es la que protege al denunciante de actos de corrupción al interior de una repartición pública. Le sigue aún en comisión mixta del Congreso el proyecto matriz de la agenda: la ley de acceso a la información pública, y que crea un Consejo para la Transparencia al que se podrá recurrir tras denegarse información por un servicio.

Ésta ha tenido algunos traspiés luego que la Contraloría hiciera alcances respecto de una eventual superposición de funciones con el futuro consejo, pero que se han ido morigerando.

Despachada esta ley, desde este martes la misma comisión subsanará las diferencias entre Cámara y Senado para remitir el proyecto del lobby. Aparte, en vigencia sólo están las medidas de transparencia activa de la Presidenta para los servicios públicos y que los obligan a publicar en sus páginas
web la nómina de sus funcionarios de planta y a honorarios, entre otras, y que han cumplido disparmente los ministerios.

La reforma constitucional sobre la calidad de la política recién partió la semana pasada, y se verán las declaraciones patrimoniales de los parlamentarios y el financiamiento de campañas.

Del resto, nada aún. Las medidas para combatir el intervencionismo electoral están sólo aprobadas en su parte general en las comisiones de Gobierno y Constitución de la Cámara. Del proyecto de modernización de la Contraloría -en la mira de Sebastián Piñera-, sólo un borrador. También está pendiente la iniciativa que mejora y profesionaliza el sistema de Alta Dirección Pública, al que hoy se le critica por deficitario.

El diputado DC Jorge Burgos -uno de los autores de la ley del lobby- reconoce que podría haberse tenido más urgencia, y que “había agua en la piscina para ello”, pero cree que con los anuncios “pasa lo que pasa siempre con las agendas: parten como caballo de carrera pero se ralentizan”, dice. No obstante, advierte que cargar sólo al Ejecutivo no sería justo pues
también habría culpa parlamentaria. Ejemplifica con que el Senado rechazara completo el informe de la Cámara sobre la ley de acceso a la información, lo que obligó a revisar todo de nuevo.

También atribuye a la Cámara Alta el tener durmiendo la ley del lobby, que hoy divide a ambas corporaciones. Mientras el Senado cree que se debe legislar sólo el lobby profesional, los diputados quieren también reglamentar el de pasillos. Hoy dicho proyecto está en comisión mixta.

Sacrificio político

Por su parte, el ex ministro y vicepresidente de Transparencia Chile, Edgardo Boeninger, catalogado como uno de los actores más relevantes de la agenda, observa que ésta compite con un conjunto de temas políticos que han ido teniendo gran centralidad, concentrando la atención política en otros frentes.

“Los tiempos parlamentarios y políticos de la agenda no han tenido el lugar que les corresponden, pero la agenda anticorrupción no es sólo un problema ético, sino de Estado”, asevera.

Como muestra de ello, Boeninger recuerda la baja de Chile en los rankings de Transparencia Internacional y riesgo país. Por ello -plantea el ex ministro- tanto la Alianza como Concertación deberán abordar temas que íntimamente no les
agraden.

Entre éstos, el del financiamiento de la política, “en correlato con el intervencionismo del Estado. También los operadores políticos que cuestiona la derecha, y el acceso de ésta a los fondos privados que critica la Concertación”, enumera. “Si ambos bloques quieren progreso tendrán que ponerse
de acuerdo y realizar un sacrificio político por el bien del país”,
advierte Boeninger.

A su vez, el jefe de estudios de Transparencia Chile, Felipe del Solar, cree que la tramitación de las propuestas se ha diluído en el Congreso, y además percibe un desgaste en la voluntad política del Gobierno para llevarlas a cabo.

“Este Gobierno tiene una tremenda oportunidad de marcar su sello en el impulsar iniciativas fundamentales de transparencia, y que serán patrimonio del país. Hoy, esa iniciativa y voluntad están debilitadas”, asevera. Por ello,
cree fundamental mantener la agenda más allá de los vaivenes de la contingencia, como el Transantiago.

Otra voz cantante en el monitoreo de la agenda ha sido la corporación Participa. Esta ONG ha sido “pulga en la oreja” para el Ejecutivo en su afán de terminar con la cultura del secreto.

En voz de su directora ejecutiva, Andrea Sanhueza, lo negativo en la ley de acceso a la información es que se incrementaron las causales de reserva -las razones por las que cierta información puede declararse secreta o reservada-,
lo que afectaría negativamente la calidad de la ley, volviéndola
restrictiva.

“Las causales de reserva ya eran amplias y ambiguas en su redacción, y ahora son aún más amplias”, critica Sanhueza. Además, la coordinadora de proyectos de Participa, Silvana Lauzán, recuerda que la comisión mixta aún discute si el
futuro Consejo para la Transparencia estará facultado para sancionar, o sólo hará recomendaciones.

“Lo segundo implica un recorte a sus facultades que va en contra del sentido de su creación, y le quita capacidad de acción a una institución que en países avanzados en la materia como México, tiene amplias facultades”, advierte.

Otro fin de Participa ha sido solicitar que la futura ley de acceso a la información se aplique también a los poderes Legislativo y Judicial, pues cree que, si no, nacería con una debilidad crítica. Y esta necesidad, al menos, encontró consenso transversal entre los consultados.

Bandera de la campaña aliancista

Pese al letargo en la tramitación, el senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín, le ve un buen augurio a la agenda de probidad y destaca el proyecto de ley de acceso a la información pública, calificándolo como “la madre de todas las batallas sobre transparencia”.

Sin embargo, para el senador lo más importante -y que a su juicio ha sido excluido por el Gobierno- es la necesidad de fórmulas legales que terminen con los operadores políticos en la administración pública, quienes han hecho de los favores a su respectivo caudillo su subsistencia en el aparato estatal.

Además, cree necesario disminuir radicalmente el número de funcionarios de exclusiva confianza. “Éstos redondean los tres mil, y se suman a los casi 13 mil que trabajan a honorarios, sin ninguna protección, y que muchas veces no tienen otra que hacer favores políticos para sobrevivir en el aparataje”,
afirma.

Larraín asegura que la Alianza hará de la transparencia un verdadero compromiso de campaña, y que -de llegar al poder- seguirán filtrando la administración pública hasta transformarla en ciento por ciento profesional.

El futuro de la agenda sin su “gerente”

Es valorada la labor del aún secretario ejecutivo de la agenda de probidad, Rafael Blanco. A éste se le destaca como un muy buen articulador de acuerdos entre la Concertación y la Alianza, capaz de generar amplio consenso político.

Pero a fin de mes Blanco dejará su actual cargo para integrarse como miembro del Consejo de Alta Dirección Pública. Preocupa qué pasará con el ritmo de la agenda una vez que Blanco cese y cierre las oficinas de la agenda.

El principal temor radica en que se descuide lo avanzado, y la pregunta es quién asumirá las funciones de la entidad con su mismo celo.

Aunque hay voces que apuntan a que las tareas las tomará el auditor general de Gobierno, Gonzalo Sánchez, otras creen que podría ser el propio ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo. Pero para Edgardo Boeninger este escenario no sería idóneo, ya que estima que las altas responsabilidades del Segpres le quitarían el tiempo necesario para la agenda.

El propio Rafael Blanco opina que la agenda debiera seguir bajo el alero de la Segpres, ya que ha sido el ministerio más vinculado con el tema, y porque Viera- Gallo “ha mostrado un compromiso personal. Aunque todo eso va a requerir del
apoyo técnico de un grupo que continúe el trabajo”, advierte.

Para ello, Blanco revela que se estudia crear un programa especial de probidad y transparencia dentro de la misma Segpres, el que sería el responsable interno de monitorear la evolución de las medidas adoptadas, y encargado de que la ley
se cumpla.En tanto, la evaluación de Blanco de la agenda es muy positiva. Esto, “por los logros administrativos alcanzados, y porque pese a la complejidad de los procesos legislativos, a fin de año tendremos cuatro de los ocho proyectos aprobados”, asegura. Su satisfacción va, además, porque
se incluyeron en el Presupuesto los fondos para calificar a más de 150 mil funcionarios públicos en probidad y transparencia.

Respecto de las críticas a la lentitud, Blanco cree que siempre se puede avanzar más, pero recuerda que en el Parlamento “hay un conjunto de megarreformas -que no recuerdo se hayan juntado antes-, como la previsional, la agenda antidelincuencia y la agenda de probidad. Eso hace difícil el
avance simultáneo en las comisiones”.

Opiniones

RAFAEL BLANCO
Secretario ejecutivo de la agenda pro transparencia.

“Hoy existe un conjunto de megarreformas -que no recuerdo se hayan juntado antes-, y que hacen difícil el avance simultáneo en las comisiones parlamentarias”.

JORGE BURGOS
Diputado DC.

“Con los anuncios pasa lo que pasa siempre con las agendas: parten como caballo de carrera, pero se ralentizan”.

EDGARDO BOENINGER
Vicepresidente Transparencia Chile

“Los tiempos parlamentarios y políticos de la agenda no han tenido el lugar que les corresponden. La agenda anticorrupción es un problema de Estado”.
 

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