El debilitamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación

El Mercurio

Miércoles 3 de octubre de 2007

Un mal que corroe a la democracia

Luis Pardo, Presidente Federación de Medios de Comunicación Social de Chile

El debilitamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, que son su principal instrumento, es la mayor amenaza para la democracia en Latinoamérica.

La tensión entre medios y gobernantes es propia del ejercicio de ambos papeles: los medios deben informar, con sentido crítico, acerca de todo aquello que sea de interés público, en tanto que los gobernantes quisieran que se informe más sobre sus logros que de las críticas a su gestión.

En democracia, esta tensión se resuelve en gran medida por la vocación democrática de ambos actores. Los gobernantes democráticos saben que los medios cumplen una función esencial en la sociedad moderna y los utilizan para rebatir
las críticas y exponer sus logros. Los medios saben que su credibilidad y alcance dependen exclusivamente del juicio público: un medio panfletario o desequilibrado, sea de oposición o de gobierno, no alcanzará jamás una credibilidad y repercusión amplia en la sociedad.

Pero la vocación democrática no basta; es necesaria una
institucionalidad que garantice el pleno ejercicio de las libertades de expresión y opinión. De no existir dicha institucionalidad, inexorablemente el peso del Estado se
impone, ahogando la libertad.

De ahí que el primer paso de los gobiernos no democráticos consista en debilitar la institucionalidad, como queda de manifiesto en el caso venezolano: en 2004 el gobierno dictó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, imponiendo restricciones a la libertad de expresión con
sanciones altamente punitivas, otorgando espacios obligatorios para el Ejecutivo y creando una comisión, controlada por el Estado, para promover la “programación
y producción nacional independiente”. En 2005 modificó el Código Penal,

criminalizando formas de expresión propias del periodismo y del ciudadano común, y aumentando los tipos de desacato, difamación, injuria, instigación, ultraje y calumnia, entre otros delitos, todo con un sustantivo aumento de las penas. Sin dar tregua, el Ministerio Público venezolano inició una
ofensiva judicial en contra de periodistas y medios, estrenando los nuevos delitos.

A todo lo anterior se suma la presión descarada de las diferentes agencias del Estado mediante fiscalizaciones y actos arbitrarios, y la discriminación en la asignación de fuertes presupuestos publicitarios estatales, premiando a
los medios afines y castigando todo asomo de independencia. De las arengas e insultos destemplados del gobernante venezolano a través de los cientos de medios que controla, se pasó a los ataques físicos de las turbas de camisas rojas contra medios y periodistas independientes. Este proceso de
deterioro creciente de la convivencia democrática, de la institucionalidad jurídica y del papel de los medios alcanzó su máximo punto con el cierre arbitrario e ilegal del principal canal de televisión venezolano (RCTV-2007), que busca
doblegar la independencia de los medios sobrevivientes.

Este fenómeno se está propagando de manera alarmante en Latinoamérica. Las amenazas a medios en Ecuador y Bolivia están a la orden del día, y no se han hecho esperar los intentos de legislar imponiendo restricciones a la libertad
de expresión por distintas vías. En Ecuador se ha dictado un decreto para prohibir la emisión de “videos o grabaciones clandestinas”, estableciendo sanciones que pueden llegar a la clausura por hasta 90 días de las transmisiones del canal o radioemisora infractora. Así, por ejemplo, la difusión de un video que capte un acto de corrupción caería en la categoría de “video clandestino”, impidiendo toda posibilidad de periodismo investigativo. A ello se agrega el intento de gravar con un impuesto especial las transmisiones de radio y televisión y otras múltiples iniciativas de semejante índole.

Pero esta tentación de limitar el ejercicio de la libertad de expresión no es privativa de ciertos gobiernos que comparten una visión ideológica. Recientemente se ha iniciado en México una reforma constitucional que contempla prohibir la publicidad política en radio y televisión, otorgando al Instituto Federal Electoral la facultad de ordenar “la cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley”, sin mediar proceso alguno.

El debilitamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación, que son su principal instrumento, es la mayor amenaza para la democracia en Latinoamérica. Ello debiera movilizar a los actores políticos, académicos y demócratas en general a demandar de los organismos internacionales que desempeñen un papel más activo en la contención de este mal que parece ser contagioso.

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