Alberto Gonzales no solo aprobó los abusos legales del gobierno de Bush. También acabó con las ilusiones de su comunidad

1 de Septiembre, Mundo (Semana.com).-Las ironìas de la vida Alberto Gonzales estaba destinado a ser recordado como un ejemplo de superación. Pero tras su desastroso paso por el alto gobierno norteamericano, los historiadores hablarán menos de que nació en un hogar de inmigrantes mexicanos sin agua potable ni teléfono, y más de los exabruptos jurídicos con los que demostró su amistad incondicional a su amigo más importante, el presidente George W. Bush.

Gonzales renunció la semana pasada a su cargo de Attorney General, que en Estados Unidos significa ser a la vez fiscal general y ministro de Justicia, agobiado por las críticas a su gestión. Los argumentos en su contra podrían resumirse sobre todo en uno: bajo la mirada permisiva y cómplice de Gonzales, el gobierno de Bush puso en tela de juicio las instituciones jurídicas que convirtieron a ese país desde su fundación en el faro de las libertades y las garantías sociales del mundo. Y su salida fue un paso más en la desbandada del gobierno de Bush. El Presidente ya ha visto salir, siempre por la puerta de atrás, a los miembros más importantes de ese peculiar grupo de neoconservadores que forjó la plataforma ideológica de su gobierno. (Ver recuadro).

Gonzales siempre fue nombrado por Bush en las posiciones que detentó. Esa relación comenzó en 1995, cuando el hoy Presidente era gobernador de Texas y conoció a ese joven abogado hispano con una impresionante historia de superación que lo llevó nada menos que a la Universidad de Harvard, donde estudian los hijos de los ricos y poderosos de Estados Unidos.

Como consejero legal del gobernador, Gonzales demostró de inmediato que lo suyo no era la independencia. Entre 1995 y 1997, según The Atlantic Monthly, escribió 57 sumarios legales destinados a darle al gobernador los elementos de juicio para decidir las peticiones de clemencia de los reos condenados a muerte. Según esa revista, esos textos “cortos y poco detallados, no presentaban todas las circunstancias atenuantes, como conflictos de intereses o defensas ineficaces”. De ese modo Bush, famoso por su predilección por la pena capital, confirmó 56 de las 57 ejecuciones, incluida la de un retrasado mental acusado de asesinato. Y Gonzales, siempre de la mano de su poderoso amigo, ascendió a secretario de Estado de Texas, y a magistrado de la Corte estatal antes de llegar al sueño de todo burócrata norteamericano: Washington.

Y lo hizo por lo alto. En 2001 el Presidente lo nombró consejero legal de la Casa Blanca, donde Gonzales siguió siendo un escudero de lealtad absoluta. Allí comenzó a repartir sus perlas legales en noviembre de ese año, cuando proyectó la orden ejecutiva que les da a los presidentes presentes o pasados el derecho de mantener en secreto los archivos de su gestión. Pero ese era apenas el comienzo.

En efecto, sólo unos días más tarde la oficina a su cargo cimentó los fundamentos ‘legales’ de una de las figuras más aberrantes del sistema imperante en la actualidad: los tribunales militares para juzgar a los extranjeros acusados de terrorismo, una figura que complementó dos meses después, en enero de 2002, con un memorando legal en el que aconsejó a Bush negar la protección de las convenciones de Ginebra a los prisioneros de la campaña en Afganistán contra los talibanes y Al Qaeda. “Hay suficientes fundamentos para que usted concluya que no se aplican”, escribió. Gonzales llamó a ese sistema internacional “pintoresco y anticuado”, sin recordar que había salvado la vida de miles de soldados norteamericanos en conflictos anteriores. El memorando se convirtió en la base por la cual cientos de “combatientes ilegales”, como se les llama en forma eufemística, se pudren indefinidamente en la prisión de Guantánamo.

En ese mismo año, Gonzales sirvió a su jefe para obtener del Departamento de Justicia una normatividad permisiva en cuanto a las técnicas de interrogación para los sospechosos de terrorismo. Los términos que consiguió son una oda al eufemismo para ocultar el hecho de que la CIA y los militares norteamericanos habían quedado autorizados para torturar. Un ejemplo, como citó Newsweek, era “golpear a la persona con un impacto físico suficiente pero con poco riesgo de producir daño óseo o de los tejidos”. La norma dejó en el aire la sensación de que, con la autorización presidencial, los torturadores quedarían inmunes. Que unos sargentos se consideraran autorizados para desatar el escándalo de la prisión de Abu Ghraib, era sólo cuestión de invadir a Irak.

Y en esa desafortunada decisión también estuvo la pluma aprobatoria de Gonzales, quien produjo un concepto legal según el cual el Presidente no estaba obligado a obtener la aprobación del Congreso para ocupar a ese país. “Una declaración formal de guerra u otra autorización congresional no son requeridas para permitir al Presidente tomar todas las acciones que puedan ser necesarias para proteger nuestra seguridad nacional”, dice el documento, que presupone lo que nunca se demostró: que el famélico gobierno de Saddam Hussein tuviera algo que ver con los ataques terroristas de Osama Ben Laden, o poseyera las famosas armas de destrucción masiva, o siquiera fuera una amenaza, no para Estados Unidos sino para ningún otro país del mundo.

Aún le quedaba a Gonzales, ya como fiscal general, otra vieja tradición legal norteamericana por destrozar: el derecho a la intimidad. En febrero de 1996, cuando se supo que la Agencia de Seguridad Nacional estaba oyendo las conversaciones de los ciudadanos, no tuvo inconveniente en declarar terroristas a todos los incluidos en la operación: “La autoridad inherente investida en el Presidente por la Constitución incluye el poder de espiar a enemigos como Al Qaeda sin autorización previa de otras ramas del gobierno”, escribió.

Irónicamente, Gonzales cayó por el que parecería el menor de sus pecados: la destitución selectiva de ocho fiscales no afines con el gobierno de Bush. El funcionario sobrevivió varios meses a las acusaciones, pero la gota que rebosó la copa fue su lamentable defensa en el Congreso, cuando afirmó más de 70 veces no recordar lo que había hecho. Un verdadero récord.

Con todo ello, no es extraño que muchos observadores norteamericanos consideren a Gonzales el peor fiscal de la historia de Estados Unidos. Y más. Como dijo a SEMANA la profesora Marjorie Cohn, autora del libro República vaquera: seis formas como la pandilla de Bush ha desafiado a la ley, “Gonzales cometió perjurio repetidamente ante el Congreso sobre el sistema de espionaje doméstico de Bush y la purga de los fiscales. Y también es un criminal de guerra, pues ideó un plan para violar la convención de Ginebra y la prohibición internacional contra la tortura”.

La caída del fiscal general podría, en opinión de observadores como Jim Lobe, de IPS, abrir la puerta para una investigación a gran escala sobre los abusos de la actual administración. Por lo pronto, la escogencia de su reemplazo se convertirá en un nuevo dolor de cabeza para Bush.

Todos los ciudadanos de Estados Unidos resultan ser, a la larga, víctimas de la incompetencia de Gonzales. Pero los más tristes son los miembros de la comunidad latina, quienes vieron quemarse a su gran orgullo. Pues quién sabe cuándo volverán a tener a uno de ellos en una posición tan alta como la que desperdició ese esforzado hijo de un obrero mexicano de la construcción.

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