“Es la primera vez que vengo, qué horrible esto, es horrible, horrible…”

Ni rehabilitación ni reinserción
La Nación, Domingo 3 de Junio de 2007 

Falta poco para la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal
Adolescente y los centros que deberán atender la avalancha de jóvenes que quedarán a
cargo del Sename están más preparados para castigar que para proteger. Hoy, buena parte de ellos termina viviendo para siempre tras las rejas, y nada hace pensar que algo pueda cambiar ese destino.

Por Beatriz Michell

¿Dónde está la casa número uno?”, pregunta una mujer flaca y de ojos vidriosos después de atravesar por dos puertas de fierro custodiadas por gendarmes. “Allá”, le indica un funcionario del Servicio Nacional de Menores (Sename). “Es la primera vez que vengo, qué horrible esto, es horrible, horrible…”, dice la mujer mientras mueve la cabeza de un lado a otro. Su hijo está encerrado en la Comunidad Tiempo Joven, en San Bernardo, que de
comunidad no tiene más que el nombre, porque por donde se le mire ésta es una
cárcel. Aquí llegan hoy jóvenes de entre 16 y 18 años declarados “sin
discernimiento”, de acuerdo a la ley que dejará de regir a la medianoche del jueves 7 de
junio. Al día siguiente, cuando entre en funciones la Ley de Responsabilidad
Penal Adolescente (RPA), recibirá además a otros niños, desde los 14 años,
algunos de ellos condenados a cumplir sentencias de hasta 10 años de encierro.

“¿Están buscando la cárcel de niños? Está por allá”, explica una señora que barre la calle. Después de caminar un rato por el sendero de tierra, desierto y lleno de polvo, se divisan un par de quioscos, un carro policial y algunas personas, casi todas mujeres. “Comunidad Tiempo Joven”, anuncia un gran cartel que se alza sobre unas rejas verdes al estilo Gendarmería. Mujeres, jóvenes y niños se ordenan en una fila frente la entrada. Es miércoles, día de visita –igual que los domingos– y quieren ver a sus niños presos. Las risas escasean y las bolsas abundan. Es la misma imagen de un día de visita a la salida
de la ex Penitenciaría. Los familiares entran de a poco, se registran junto a la puerta, dejan el carné de identidad y pasan a una sala donde gendarmes revisan minuciosamente las bolsas y sus cuerpos.

“Hoy están más tranquilos porque están las familias”, dice un educador del Sename al entrar a la llamada casa 4, donde están los niños de alto riesgo. “Aquí llegan por homicidio o violación”, explica. La supuesta casa –en este lugar hay cuatro, cada una con 30 o 40 niños–, en realidad no es muy distinta de cualquier cárcel.

Una puerta de fierro abierta, con un gendarme afuera y un “tío” –funcionario del Sename– adentro, permite la entrada de las visitas. Enseguida aparece un patio de tierra con algunas bancas y una piscina, rodeada de una reja verde. Las paredes, de al menos tres metros de alto y coronadas por alambres de púa, están adornadas con graffitis y murales de colores. Desde la torre de vigilancia, en una esquina, el gendarme de turno mira todo lo que ocurre, mientras sostiene un arma entre sus manos. Un joven moreno, sin sonrisa, sentado a horcajadas sobre la banca, conversa con su madre, mientras el reggaeton suena fuerte desde un parlante que asoma desde la cocina. Un poco más allá están el comedor y los baños. La rabia y la violencia se respiran a cada paso.

“Y ahí están los pabellones, donde duermen”, dice otro “tío” del Sename, señalando dos construcciones grises, con puertas de fierro, que se alzan en medio del polvo. Las piezas, de dos por tres metros, están diseñadas para dos niños, pero a veces tienen que dormir tres en cada una. Tienen puerta corredera y una pequeña ventana, si es que se puede llamar ventana a un agujero cuadrado en el cemento, tapizado de rejas.

Los jóvenes que están encerrados no reciben ningún tipo de atención sicológica profesional, y su horizonte choca con los altos muros de cemento. “En estas condiciones es imposible que acá haya algún tipo de reinserción o rehabilitación”, explica Hernán Oliví, “educador” del servicio y dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename (Antrase). Faltan sólo días para la aplicación de la RPA y, según se ve, nada ha mejorado para
enfrentar el nuevo sistema.

BODEGAS DE LA SOCIEDAD

A las seis de la tarde, todos los adolescentes son recluidos en los pabellones, aunque las puertas metálicas se cierran sin candado, por si hay alguna emergencia. Adentro quedan los “tíos” –en este centro hay tres o cuatro por pabellón, en otros sólo uno– y afuera, en un patio de cemento que comunica las cuatro casas que conforman la “comunidad”, los gendarmes hacen guardia en sus casetas verdes, listos para intervenir en caso de pelea o motín. “Hace tres días hubo un intento de fuga y los gendarmes tuvieron que entrar para
frenarla”, comenta un funcionario. El método es conocido: los hombres de verde entran y aporrean a los niños, los que a su vez suelen estar armados con lo primero que encuentran. Todos los días hay al menos dos peleas, y periódicamente los gendarmes deben hacer allanamientos para incautar todo tipo de armas artesanales.

“No hay condiciones para implementar la ley; nuestros niños están en condiciones muy precarias y además hay pésimas condiciones de seguridad para enfrentar motines y agresiones. En algunos lugares, también falta personal. En el centro Antuhue de Graneros, por ejemplo, hay apenas un funcionario por casa”, explica Jorge Bravo, dirigente de Antrase, que a principios de semana inició una movilización, tomándose los centros a lo largo de todo el país, para advertir de la precariedad con que deberán enfrentar el debut de la nueva ley.

En la casa número 1, ubicada a diez metros de la anterior, están los adolescentes de mediano riesgo. Todo es igual a la casa 4, excepto porque aquí no hay piscina. Un grupo de muchachos conversan sentados en una solera, y uno de ellos, vestido con buzo y de unos 16 años, clava su vista en el extraño que acaba de entrar. Sus ojos, curtidos a golpes e injusticias, podrían ser los de cualquier huésped habitual de una cárcel de adultos. Pero su cuerpo flaco y enjuto, y su cara llena de espinillas, todavía son los de un niño. Él y sus
compañeros escrutan con la mirada a todo el que entra, como si quisieran descargar su rabia en la primera persona que aparezca. “Éstas son como bodegas de la sociedad, donde venimos a dejar lo que nadie quiere”, comenta Oliví. Son hijos de la desigualdad, del abandono, del lecho de cartones bajo el puente. Y lo peor de todo es que –acá todo el mundo lo sabe– son los mismos que en algún tiempo más llenarán las cárceles de adultos. LND

Copyright © 2005, Empresa Periodística La Nación S.A.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Abrir chat