“El 10% más rico de la población apenas tributa 11,8% de sus ingresos”

Buenas noticias y grandes desafíos
La Nación, Jueves 14 de Junio de 2007  
 
Los desafíos exigen articulaciones mucho mayores, capaces de volver a tejer los vínculos cortados entre la sociedad civil y los partidos políticos bajo objetivos de largo plazo.

Álvaro Ramis, Centro Ecuménico Diego de Medellín

Se han dado a conocer los resultados de la Encuesta de Caracterización Socio Económica (Casen) 2006. Las estadísticas traen buenas noticias: la pobreza se ha reducido de 18,7% en 2003 a 13,7%, y la indigencia bajó de 4,7% a
3,2% en el mismo período. Estos dos avances habrían sido imposibles sin políticas públicas activas, que se han convertido en un elemento fundamental para el progreso del país. La segunda buena noticia es que el índice Gini bajó del 0,57 al 0,54; se trata de una pequeña disminución en la crónica desigualdad que determina nuestra identidad nacional. En este caso, el Ministerio de Hacienda ha refrendado con números el efecto de los subsidios: las políticas estatales han permitido, efectivamente, reducir de trece a siete veces la diferencia de los ingresos entre el 20% más rico y el 20% más pobre de la población chilena.

Ya nadie lo puede negar: el crecimiento y el empleo no garantizan, por sí solos, la superación de la pobreza. Recordemos que más de 40% de la población vivía bajo esta condición en 1989, en un año que registró un alto crecimiento económico pero que no incidió para nada en las condiciones de vida de las personas. Por otro lado, estudios preparados por la Universidad de Chile han mostrado que más de 50% de las personas bajo la línea de la pobreza en
2003 tenían trabajo. El problema radicaba en la calidad y la dignidad de ese empleo.
Por esto, hoy se puede afirmar que las políticas públicas son la clave en este proceso. A los que dicen lo contrario, no les queda más que repetir sus viejos prejuicios ideológicos.

Sin embargo, las buenas noticias no nos deben cegar: la pobreza ha disminuido en cantidad e intensidad, y ya no conocemos en Chile la miseria que acostumbrábamos ver en otras épocas de nuestra historia. Pero tampoco nos hemos
convertido en un país con una inmensa clase media, que goce del bienestar y el desarrollo. Este 13,7% de pobreza estadística no va a cambiar nuestro panorama
social si sacamos la cabeza por la ventana y nos damos cuenta de las condiciones de vida de la mayoría: cómo se puede vivir con 48 mil pesos mensuales, uno más que lo que se requiere para dejar de ser “estadísticamente” pobre. Por este motivo, para no autoengañarnos, resulta necesario
actualizar la línea de la pobreza, que tiene su origen en la canasta de satisfacción de las necesidades que se consideraban básicas hace 20 años. Desde esa fecha, los
patrones de consumo en nuestra sociedad han variado notablemente, por lo que se hace necesario una nueva fotografía de nuestra realidad.

Un desafío aún más difícil es poder revertir de forma profunda la desigualdad endémica de Chile. Ésta será una meta inalcanzable si no establecemos un debate nacional sobre los criterios de la justicia tributaria. La actual
política impositiva resulta perversa, porque la vida para los pobres es más costosa por donde se la mire. Setenta y cinco por ciento de los ingresos tributarios del Estado chileno provienen de los impuestos indirectos, o sea de aquellos
que tiene que cancelar el conjunto de la población. Entre estas tributaciones está el IVA, que representa 40% de todo lo recaudado. Debido a este esquema, Chile se convierte en el reino de “Hood Robin”, ya que el 10% más rico de la
población apenas tributa 11,8% de sus ingresos, mientras que el 10% más pobre de los chilenos paga 14,4% de los suyos en impuestos.

Se ha argumentado que la actual administración nunca planteó en su programa de Gobierno el objetivo de implementar una reforma tributaria para abordar
esta situación. Esto se aprecia como un argumento bastante atendible y creo que justifica que durante la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet no se aborde el problema. Sin embargo, la responsabilidad recae, entonces, en los partidos políticos, que deberían plantear una respuesta a esta
situación escandalosa cuando tengan que reflexionar sobre sus programas de gobierno futuros.

Es de sentido común que ninguna candidatura presidencial podría tener la desfachatez de evadir este drama. Como ciudadanos, no deberíamos permitir que en 2008 y 2009 se evada la discusión sobre el establecimiento de un impuesto a la renta -de personas y empresas- más progresivo que el sistema actual. En un reciente artículo de opinión el ex ministro de Hacienda del anterior Gobierno, Nicolás Eyzaguirre, sintetizó esta realidad: “Si se miran las estadísticas internacionales seriamente, no hay un país en el mundo con nuestro nivel de desarrollo o superior que tenga una carga tributaria más baja. Tampoco encontrarán un país que tenga nuestro nivel de desarrollo y que sea más
desigual. La relación entre desigualdad y carga tributaria es evidente, están ligadas total y completamente: no hay un país que haya logrado una mejor distribución del ingreso con una menor carga tributaria”.

Sin duda una medida de esta naturaleza sería conflictiva, pero se aprecia inevitable si comparamos los niveles tributarios de Chile con los de países que poseen mayor equidad interna. Sabemos que existen fuertes intereses en
contra de generar criterios de justicia en el campo de los impuestos, frecuentemente anclados en posiciones antiestatistas e individualistas. Para vencerlos se requiere un nuevo acuerdo político nacional, amplio y generoso, que
supere las alianzas que nos permitieron volver a la democracia en 1990. Sin desandar el camino, y sin desmerecer lo avanzado, los desafíos exigen articulaciones políticas y sociales mucho mayores, capaces de volver a tejer los vínculos cortados entre la sociedad civil y los partidos políticos bajo objetivos de largo plazo.

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